Doly Leytón Arnez

En 2015 Bartolina Cuéllar Changaray dio su último respiro después de haber vivido 107 años. Familiares y miembros de la comunidad Tatarenda Nuevo dieron el último adiós a una de las pioneras de esa comunidad. Según cuentan los ancianos del pueblo, y replican los comunarios, la mujer junto a 15 familias, llegó a esa zona desde Carahuatarenda, escapando de una peste que mató a más de la mitad de ese pueblo guaraní en la década de los 40 del siglo pasado.

Según sus familiares, Bartolina se fue a mejor vida creyendo que dejó a su descendencia en el Ivy Marae o la “tierra sin mal”: aquella que tiene por venas a ríos caudalosos de los que emanan vida. Aquella donde la pesca y caza de subsistencia aún es parte de la realidad de más de 80 familias. Aquella tierra que alimenta al ganado con sus pasturas y a los hombres con el maíz y vegetales que producen en los huertos comunales. Tatarenda Nuevo es una comunidad guaraní con 400 habitantes, está ubicada a 220 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y pertenece al municipio de Cabezas, Departamento de Santa Cruz.

Esta es una de las 17 poblaciones que rechazan la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Rositas, que afectará sus modos de vida, cultura y productividad, según el Comité de Defensa ROSITAS, conformado por las comunidades afectadas. También, este proyecto afectará al área protegida denominada Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande Valles Cruceños, que tiene una extensión de 734.000 hectáreas y que se verá afectada por la inundación de 44.900 hectáreas de su territorio.

Pronunciamiento de los afectados por el proyecto Rositas.

Con voz enérgica pero con un semblante que delata sus temores, Lourdes Miranda Tiguayo, Mburuvicha (dirigente en guaraní) de Tatarenda Nuevo, relata ese testimonio a orillas del Río Grande, donde un centenar de personas se reunió al enterarse de que unos periodistas visitarían ese sitio para realizar entrevistas respecto al proyecto hidroeléctrico que, según afirman los comunarios, se ha convertido en el motivo de sus peores pesadillas.

En el marco de una política energética que pretende implantar como un pilar de su economía, el Gobierno boliviano tiene previsto la implementación de 34 proyectos de generación eléctrica que busca consolidar hasta el año 2025. Entre dichos proyectos están la hidroeléctrica Rositas, además de El Bala, Miguillas, Ivirizu, Misicuni, San José, Banda Azul, Molineros, Carrizal, Cambarí, Cuenca Río Madera, Cuenca Río Grande, Cuenca Corani (Icona, Ambrosía, y Santa Bárbara), que corresponden al Programa de Desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas, según detalló en enero de 2016 el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Joaquín Rodríguez.

Para el tema de Rositas, el jueves 15 de septiembre de 2016, ENDE suscribió un contrato con la Asociación Accidental Rositas para la construcción de dicha hidroeléctrica sobre el Río Grande, en Santa Cruz. En esa ocasión las autoridades detallaron que la obra demandará una inversión inicial de 1.000 millones de dólares, provenientes del crédito del Eximbank de China, con la proyección de generar 600 MW. Las empresas adjudicadas fueron China Three Gorges Corporation, China International Water & Electric Corp. y Ritko que trabajarán la construcción bajo la modalidad llave en mano “ingeniería, suministro y construcción, montaje, pruebas y puesta en marcha”.

Según los datos técnicos, con este mega proyecto se tiene previsto inundar un territorio equivalente a las ¾ partes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; se creará un depósito de agua artificial de 44.900 hectáreas Pero en esa área de impacto existen poblaciones que viven de la ganadería y cultivos agrícolas.

Los expertos aseguran que el agua arrasará con suelos productivos y los cubrirá con agua salina y que la misma no es apta para el riego y menos para el consumo humano.
Para la dirigente guaraní, Lourdes Miranda, el mayor temor es que por la energía eléctrica que pretenden generar con Rositas, su pueblo pierda no sólo tierras productivas sino también su cultura y medios de subsistencia. “Dicen que va a generar progreso pero a qué costo. ¿Qué indemnización puede haber para este tipo de daño? ¿De qué relocalización hablan si nunca nos consultaron?”, cuestiona, a tiempo de mostrar el paisaje en nuestro entorno: un gran río rodeado de una vasta naturaleza.

Telma Tiguayo muestra el documento que acredita la propiedad de sus terrenos.

El proyecto múltiple Río Grande – Rositas, no es una propuesta nueva sino que se lo conoce como el “viejo anhelo de gobiernos departamentales y nacionales”, frase que ha sido repetida por autoridades de ambos niveles de gobierno del Estado nacional. Dicho proyecto fue planteado hace unos 45 años, como parte del Proyecto Múltiple Río Grande -Rositas, que plantea la construcción de una Central Hidroeléctrica, la provisión de agua para consumo y riego, la provisión de energía y control de inundaciones.

“Ahora estamos con un proyecto importante que fue esperado por 50 años en el departamento de Santa Cruz, como es Rositas. Los proyectos grandes, esperados, soñados ahora algunos ya (están) ejecutados, algunos con ejecución y finamiento garantizado”, dijo el presidente del Estado boliviano, Evo Morales, durante la firma del convenio de 2016.

En la misma oportunidad, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó a Rositas como proyecto ícono para Santa Cruz. “Todos sabemos la importancia trascendental de lo que significa este proyecto para Bolivia y para Santa Cruz; por ellos vamos apoyar como lo hemos hecho con todos los proyectos, estamos convencidos que Rositas nos va hacer a los bolivianos transitar por las sendas del progreso y la prosperidad”, aseguró Costas.

Pero la apreciación de los comunarios que viven y trabajan en el área de influencia del proyecto en cuestión es diferente. Afirman que si bien ya se firmó el contrato avalado por un decreto gubernamental no se ha cumplido con la socialización del mismo. Hay temor en las familias por la pérdida de tierras productivas y por una inminente relocalización forzada de quienes habitan en la zona de inundación. “Estamos luchando contra dos leones: el Gobierno Nacional y la Gobernación. Estamos solos en esta lucha, hablan de progreso pero no piensan en nosotros”, reclama Andrés Miranda, uno de los pobladores Tatarenda Nuevo.
En nuestra primera parada del recorrido realizado por las 17 comunidades cuyos habitantes denuncian serán afectadas, observamos a una mujer indígena de 78 años sentada en un sillón. Ella escucha a todos los hombres y mujeres de Tatarenda Nuevo comentar sus temores. De vez en cuando asiente con la cabeza cuando explican enérgicamente que no habían sido consultados “como manda la Ley”.

En Tatarenda los pobladores están preocupados por los impactos del proyecto hidroeléctrico.

A diferencia de su tía Bartolina (la abuela centenaria que pasó a mejor vida sin temor a perder su tierra), Telma Tiguayo, madre de la Mburuvicha Lourdes, conoce bien el problema al que se enfrenta su comunidad y es parte también de la resistencia del pueblo. Ella vivió en esa tierra desde sus 7 años. Al ser huérfana de madre, acompañó siempre a su padre, Celso Tiguayo Taborga, durante la faena diaria, después de que él adquiriera junto con un grupo de comunarios las tierras en las que habitan. Todos en la comunidad afirman que es una de las que mejor conoce la zona y la historia de su pueblo, además que es una de las mujeres defensoras de su territorio. “Recientemente han muerto tres de los más antiguos, ya no quedamos muchos”, comenta Telma al referirse a los pioneros de esas tierras.

Entre sus herramientas de lucha esta mujer porta siempre, en un pequeño bolso, documentos que acreditan que las tierras que serán parte del embalse de la gran represa han sido compradas y no fueron una dotación gratuita del Estado. “Nos pueden ofrecer casas pero de qué vamos a vivir. Nosotros vivimos de la tierra, trabajamos y comemos de nuestro ganado y de lo que producimos aquí. Tenemos una forma de vida diferente que la de la ciudad”, menciona mientras escudriña entre sus pertenencias y saca un papel amarillento. “Yo he vivido desde mis siete años aquí. Nosotros somos de la comunidad de Carahuatarenda, llegamos aquí luchando por el tema del agua. Esto era una propiedad, no es que nos ha regalado el Estado. Esto era una propiedad privada que abarca desde la banda de la laguna; de allá del cerro, hasta San Marcos. El año 1952 nosotros la hemos comprado: aquí tengo un documento; mi papá fue uno de los que pagó por estas tierras”, explica.

La mujer muestra en el documento firmado el 8 de septiembre de 1952 el nombre de Eusebio Ansaldo como ex propietario y beneficiario del pago de 100 mil bolivianos realizados por los comunarios, con trabajo en un ingenio azucarero de Warnes. “Mi padre, tuvo que vender su ganado para poner la cuota para comprar la tierra pero la mayoría fue a trabajar por un año al Ingenio La Esperanza para pagar. Este terreno se ha comprado en 100 mil bolivianos, cada uno fue a ganarse la plata. Eso dice aquí”, repite mientras sacude enérgicamente el papel.

La anciana lamenta que en vez de pasar a una etapa de descanso en su vida, ella y otros ancianos, al igual que toda la gente de la comunidad, viven un verdadero tormento. “No hay día en que no pensemos qué va a ser de nosotros y hasta los niños ya saben y también sufren. Nosotros ya estamos viejos pero qué van a hacer los más jóvenes. Nuestra herencia es la tierra pero sin ella qué vamos a dejarles”, cuestiona la angustiada mujer.

Según relata, si bien fueron pobladores de dos comunidades que adquirieron las tierras, sólo las familias que resistieron diversos embates se quedaron formando Tatarenda Nuevo. Entre las adversidades, cuenta que tuvieron que lidiar con terratenientes y también con la presencia de guerrilleros en la década de los setenta. “Yo era la más celosa de nuestro territorio. Había uno (un comunario) que les proveía comida pero nosotros hemos luchado por nuestras tierras. Yo cocinaba en la olla grande para ellos (los hombres del pueblo y su padre) mientras defendíamos nuestras tierras”, comenta. “Aquí se pescaba boga, sábalo, paleta y surubí en abundancia. A la banda del río venían los chanchos de monte y anta que cazábamos sólo para sobrevivir”, rememora.

Después de escuchar a la mujer, los comunarios de Tatarenda nos muestran el área que, según ellos, sería inundada. Tras unos 15 minutos de caminata monte a dentro, llegamos a una zona llamada el Chuchial, luego pasamos por los chacos comunales que incluso tienen un sistema de riego y después nos enseñan los establos donde guardan unas 200 cabezas de ganado, propiedad común de todo el pueblo.

“No hay día en que no pensemos qué va a ser de nosotros y hasta los niños ya saben y también sufren. Nosotros ya estamos viejos pero qué van a hacer los más jóvenes. Nuestra herencia es la tierra pero sin ella qué vamos a dejarles”

Benito Changaray, Mburuvicha de la TCO Cahuazu, destaca también cómo la gente de la tercera edad que luchó por esas tierras ahora afronta la posibilidad de ser desplazada. “Gente con 70 años y más aún siguen bajando todos los días a cuidar a sus animales. Nosotros como comunidad sobrevivimos de la cacería pesca y también de cuidar el bosque; tenemos un ojo de agua”, menciona a tiempo de cuestionar que después de más de cuatro décadas se reactive un proyecto elaborado cuando aún no había la cantidad de gente que habita hoy en día en las riberas del Río Grande. “El Gobierno no ha pensado en nosotros, no piensa en los campesinos…”.

“Quitándonos esta tierra nos quitarán nuestra forma de vida. Aquí el trabajo es comunal, producimos carne gracias al ganado que lo cuidamos todos. Dependiendo de la temporada se produce yuca, papa, verduras. Y cuando es la temporada de pesca vamos todos en grupo; nos divertimos y disfrutamos la vida. No hay propiedad individual, este es nuestro modo de vida en la TCO: Esto es lo que vamos a perder”, manifiesta Andrés Miranda al mostrar los frutos del trabajo de los pobladores.

Siguiendo nuestro recorrido por esa zona del Chaco, pasamos por dos poblaciones más que son parte del movimiento indígena que rechaza la construcción de la “gran represa”: La Junta y Yumao. En estas comunidades existen familias que también viven de la producción agrícola y tienen una estrecha relación con el río. Al caer el sol las familias completas bajan a tomar un baño al río y a recoger agua para su consumo diario. Las técnicas que utilizan para potabilizar el líquido vital son el aclarado con la planta de caraguata, filtrado con arena o el hervido. Al llegar a la comunidad, la chicha de maíz fue parte de su recibimiento. Allí aún las mujeres producen este alimento como parte de sus actividades cotidianas. En las casas se ve a las mujeres de varias generaciones en diversas etapas del proceso: algunas desgranando las mazorcas, otras en el molino de mesa o en el tacú y otras ya en el fogón, cuidando la cocción.

Sistema de recolección de agua de lluvia.

En los tres poblados visitados en la zona del Chaco destacan las casas construidas con madera extraída de la zona y con techos de palma. Pero también cuentan con construcciones de material que corresponden a las escuelas levantadas por el Gobierno; también hay algunas casas del plan de vivienda social.

En Yumao, distante a 180 kilómetros de Tatarenda Nuevo, volvemos a escuchar acerca de la “tierra sin mal”, YvyMaraëy en lengua Guaraní. Allí, Olver Romero Núñez, responsable de Recursos Naturales de la TCO Cahuazu, explica que la población de esta zona responde a la cultura Guaraní, que tienen una íntima relación de respeto con la naturaleza y que ancestralmente se conoce la búsqueda de su pueblo de un lugar dónde vivir y trabajar en comunidad y en paz. “La gente que llegó aquí hace tantos años encontró en estas tierras y el río, lo que llamamos en guaraní el YvyMaraëy, la tierra sin mal, pero que ahora está amenazada de muerte”, menciona el dirigente.

A su vez, Ely Zarate, dirigente de Yumao, lamenta que las obras arrasaran con la naturaleza. En esa zona, en el mes de agosto se realiza un festival anual de pesca deportiva que atrae a gente de la ciudad. “Nosotros cuidamos la naturaleza pero ahora qué será de los animales, con la inundación habrá pudrición. Nuestros hijos nos preguntan a dónde nos iremos y sobre todo, qué será de nuestro río, de nuestra naturaleza. Esta no será una afectación sólo de Yumao sino también de Bolivia porque este es un pulmón del país”, lamenta.

Continuando nuestro recorrido, llegamos hasta el área de influencia del proyecto en el municipio de Vallegrande, distante a 241 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí nos adentramos hasta el Vado del Yeso donde, en una reunión de los representantes de las comunidades que serán afectadas, evidenciamos que la figura no era diferente: hay una férrea oposición a la ejecución del proyecto Rositas.

En las poblaciones vallunas, la organización social es diferente. No existe la producción comunal pero los habitantes de esta zona también tienen como medio de vida la producción agrícola y ganadera. Desde Vallegrande hasta Vado del Yeso se observan estancias ganaderas, grandes extensiones de cultivos de verduras, frutas y producción de tubérculos. Según los dirigentes, los productos de esta zona se venden en mercados de Santa Cruz y Cochabamba. Los quesos artesanales son comercializados como un producto típico en el municipio de Vallegrande. La producción de ese derivado de la leche es una actividad casi exclusiva de las mujeres. En la hacienda La Ponderosa, Arminda Rojas, que ronda los 50 años, se levanta todos los días en la madrugada para producir queso. Si bien el ordeño es una actividad familiar, al igual que otras mujeres de la zona, Arminda realiza personalmente un proceso riguroso de la transformación de la leche, aprendido en su infancia. Esta actividad es importante para su familia porque aporta a la su economía. “Cada día producimos queso y leche, nuestros maridos se encargan de los ganados y de los sembradíos”, menciona.

Actualmente, se ha creado un Comité de Defensa que busca la abrogación del decreto que dio luz verde a la construcción de Rositas. En marzo del 2017, el asambleísta por la provincia Vallegrande, Alcides Vargas, presentó como alternativa la construcción de la represa La Pesca. Según un documento técnico que mostró a la prensa, este proyecto podría generar 740 megavatios (MW) con una presa de 150 metros, mientras que el proyecto Rositas sólo contempla 400 MW con un similar tamaño de presa.

Al respecto la dirigente de Tatarenda, Lourdes Miranda, explicó que la postura de las comunidades del municipio de Cabezas y Gutiérrez es que no se construya ninguna represa. “Nuestra postura es seguir luchando. Por la vía legal debemos lograr que se abrogue ese decreto porque se viene un desastre ambiental”, concluyó.

Mientras que el alcalde de Vallegrande, Casto Romero, expresó que la mancomunidad de municipios de esa zona está movilizada y que se tiene planificado realizar tareas de socialización del tema, no sólo en las áreas de afectación directa sino que en toda la provincia. Considera que además de los daños ambientales que se provocaría en la zona del Área Protegida, la ejecución del megaproyecto afectaría la vinculación física con municipios aledaños; incluso algunos puentes recién construidos y otros que están proyectados quedarían bajo el agua, según afirma. “Aquí se juega el futuro de Vallegrande por el cierre de vinculación que vamos a tener con cordillera y posiblemente con Chuquisaca”, indicó la autoridad.


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Firma-Doly Leytón