El reto hacia una nueva Ley del Agua en Bolivia

Escrito por  Eduardo Franco Berton Publicado en Medio Ambiente Lunes, 23 Marzo 2015

Nuestro país continúa sin una nueva Ley General del Agua, la norma vigente es del año 1906 y en muchos aspectos inaplicable e inconstitucional. El camino hacia una nueva norma que regule el tema hídrico no ha sido fácil. Existen avances importantes y retos por vencer aún, como la clasificación de los usos prioritarios del agua.

 

Por Eduardo F.  Franco Berton*

 

En Bolivia se desarrolló la primera guerra por el agua de la humanidad. Muchos aún recuerdan aquél día oscuro en Cochabamba donde las protestas por el alza de la tarifa del agua finalizaron con la vida de una persona e hirieron a 170. Aquellas movilizaciones del año 2000 fueron una muestra de rechazo a la promoción de un régimen privatizador de los recursos hídricos. Este hecho resaltó también la ausencia de legislación sobre el agua que exprese efectivamente los derechos e intereses de los sectores relacionados con el consumo humano y riego (producción agropecuaria). 

 

Ya han pasado 15 años desde la guerra del agua y nuestro país se encuentra aún sin una Ley General del Agua, es más, la Ley de Aguas actual se basa en un Decreto del 8 de Septiembre de 1879 que fue elevado a rango de Ley el 28 de Noviembre de 1906, lo que la constituye en la norma en vigencia más antigua del país. Tanto así, que en muchos aspectos esta ley tiene un carácter liberal y privatista, y es obsoleta y contradictoria con la misma Constitución Política del Estado (CPE). Esto dado a que aún establece que el agua le pertenece al dueño del predio por cual discurre, cuando la actual Constitución determina que los recursos hídricos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas. 

 

Por otra parte, a nivel internacional nuestro país ha jugado un rol protagónico que cabe destacar, dado que ha sido uno de los impulsores ante las Naciones Unidas del reconocimiento al acceso al agua potable como un derecho humano básico. Esta propuesta se concretó el año 2010 mediante la Resolución A/RES/64/292 de la ONU, que reconoce oficialmente el derecho humano al agua y al saneamiento, y asume que el agua potable pura y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

 

Sin embargo, las bolivianas y los bolivianos aún no hemos podido consensuar la aprobación de una nueva Ley General del Agua, algo que se ha intentado en más de 30 oportunidades. Uno de los aspectos que ha complicado el avance de versiones anteriores de esta norma ha sido la falta de promoción de procesos de diálogo y concertación, con amplia comunicación y vigilancia social de los sectores y actores. Esta ausencia normativa ha generado graves problemas en cuestiones de contaminación, usurpación de aguas, sobre explotación de recursos hídricos, sustracción indebida, usos mineros altamente agresivos con el medio ambiente, en fin, hechos que han generado una problemática que exige una nueva norma general que ayude a resolver estos problemas.

 

El año 2012 se finalizó la construcción de la versión más reciente, una propuesta proyecto de Ley Marco del Agua denominada: Agua para la Vida, a través de la cual se obtuvo un documento base con una versión más clara, precisa y consensuada entre los distintos sectores y actores a la que todavía le queda avanzar en el camino hasta su aprobación. 

 

Un aspecto recogido por esta propuesta fue la prevalencia del agua para la vida, en correspondencia a lo establecido por la CPE en su capítulo V, Título II, Cuarta Parte, donde se reconoce este derecho como un derecho fundamentalísimo. Además de la referencia a la que hace el artículo 374 de la CPE sobre proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida y su deber de gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes, también hace mención a lo siguiente: "La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos."

 

De esa manera, en la propuesta de Ley de Aguas de 2012 se estableció un conjunto de principios, deberes, derechos y garantías que aseguran esta prevalencia, entre ellos la definición de Agua para la Vida la que establece: Al ser el agua un recurso natural, elemental, finito, vulnerable y esencial para sostener la vida, su uso y acceso deberá garantizar de forma prioritaria e indistinta la preservación y conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades de agua para consumo humano y los procesos productivos que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. 

 

No obstante, más allá de haber avanzado la propuesta de Ley en el reconocimiento de este principio esencial, como lo es el Agua para la Vida; es de vital importancia que avance también hacia el reto de la diferenciación en el uso distinto y acceso prioritario al agua para la vida. Esto implicará establecer una clasificación en los usos del agua, colocando –y debido a su importancia- en un primer lugar al sector de agua para consumo humano y en un segundo lugar al sector de agua para los procesos productivos o riego que garanticen seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Esto sin duda no será un camino fácil pero es necesario, tomando en cuenta las diferencias y roces que ha existido históricamente entre el sector de las EPSA  y el de los Regantes, hecho que ha generado disensos en la discusión de propuestas anteriores de las versiones de proyectos de Ley de Aguas. 

 

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[1] Según la Ley Nº 2066 de 11 de abril de 2000 Ley de prestación y utilización de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario una EPSA es una Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y puede ser:

Persona jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado Sanitario y que tiene alguna de las siguientes formas de constitución:

i. Empresa pública municipal, dependiente de uno o más gobiernos municipales.

ii. Sociedad anónima mixta.

iii. Empresa privada.

iv. Cooperativa de servicios públicos.

v. Asociación civil.

vi. Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,

organizaciones y sindicatos campesinos.

vii. Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier

otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por la Ley,

excepto los Gobiernos Municipales.

 

 

*Eduardo F. Franco Berton

Abogado ambiental

Máster en Cambio Climático

Acompañó el proceso de la propuesta de Ley de Aguas el año 2012

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